El compromiso por contrarrestar el cambio climático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden estuvo presente desde su campaña electoral y una de sus primeras acciones al tomar la titularidad del gobierno fue regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Ahora busca ir más lejos y explora la idea de crear aranceles para países que no demuestren estar comprometidos con esta lucha global, comentó a Bloomberg el enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry.

A nivel mundial, Biden no está solo. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, consideró esta idea como un área de colaboración entre los vecinos. Cruzando el océano, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha solicitado a los países del G-7 la aprobación de impuestos fronterizos al carbono; y dentro de la Unión Europea, grupos industriales intensifican sus llamados a la creación de estos aranceles debido a los altos costos del carbono.

Esta posibilidad ha alertado a otros países. Tras concluir la trigésima Reunión Ministerial de BASIC sobre Cambio Climático; Brasil, Sudáfrica, India y China publicaron un comunicado conjunto en el que “expresaron gran preocupación por la propuesta de introducir barreras comerciales, como el ajuste unilateral de las fronteras de carbono”. También las describieron como “discriminatorias y en contra de los principios de equidad y de [comunes pero diferentes responsabilidades y capacidades]”, este último término acuñado en la ONU para señalar que los países desarrollados, que son históricamente responsables de causar la crisis climática, deberían hacer más para combatirla que los países en desarrollo.

Previamente las intenciones arancelarias de Estados Unidos también fueron expuestas por la titular de la Representación Comercial estadounidense, Katherine Tai, quien destacó en su primer discurso público que la política comercial de su país se utilizaría para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, pues dijo, las reglas comerciales existentes dejaron en desventaja a los países con estándares ambientales más altos.

Por otro lado, la lucha contra el cambio climático no es lo único que impulsa la aplicación de estos nuevos aranceles, también está la protección de las industrias de cada país y región comercial y con ellas los empleos. Estas barreras comerciales trabajarían como un disuasorio ante las empresas que buscan trasladar parte de sus operaciones a países con reglas menos estrictas.

La aplicación de aranceles como política proteccionista fue ampliamente utilizada por el gobierno previo de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, siendo China su principal objetivo pero con muchos otros casos de gravámenes, en donde incluso estuvieron incluidos sus socios comerciales México y Canadá.

Entre el 1 de julio de 2018 y el 20 de mayo de 2019 se aplicaron aranceles del 25% al acero y aluminio mexicano. Para finales de 2020 se tuvo una nueva amenaza de impuestos, que finalmente fue retirada.  Ahora, frente a las nuevas tendencias políticas de comercio y medio ambiente que plantea Estados Unidos, México podría no estar en la posición de mayor ventaja.

Desde el inicio del actual gobierno mexicano, el clima de negocios ha sido descrito por los inversionistas como deteriorado. En materia de energía y medio ambiente México canceló en 2020 la cuarta subasta de energías limpias y restringió simultáneamente la participación privada en este sector. Este año se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que de acuerdo con la organización Iniciativa Climática de México (ICM), en el mejor de los casos paralizará el crecimiento de las energías renovables. Esto implica que no se llevarían a cabo inversiones cercanas a 8,500 millones de dólares en energía eólica en tres años y se perderían otros 3,106 millones de dólares en inversiones para energía solar.

En relación al cumplimiento de las metas nacionales y de los compromisos internacionales, el reporte “Consecuencias ambientales de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica” de la misma organización, plantea que México quedaría sujeto a las “consecuencias que la comunidad internacional decida con respecto a los países incumplidos, especialmente en temas de comercio mundial, mecanismos financieros, inversiones por empresas con compromisos climáticos y otros aspectos relevantes”.

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